Inicio / La historia larga
1920 – 2009. Cada vez que en México aparece una diversión nueva y popular, se le acusa de lo mismo: que corrompe a la juventud, que fomenta el vicio, que es escuela del crimen. Y cada vez, con los años, esa diversión termina convertida en industria respetable. Esta es esa historia, con fechas y documentos.
El patrón
Conviene decirlo desde el principio, porque explica todo lo demás: la historia de las diversiones populares en México —y en el mundo— es la historia de una sospecha que se repite. Primero llega la novedad. Después llega el público, casi siempre el público pobre. Después llega la alarma moral. Después llega el reglamento, el impuesto, la clausura, y a veces la cárcel. Y mucho después, cuando ya nadie recuerda el escándalo, llega el reconocimiento.
Pasó con las peleas de gallos y los naipes en la Colonia, prohibidos por bando desde 1525 y practicados igual durante trescientos años. Pasó con la lotería, que fue pecado hasta que la Corona descubrió cuánto dinero dejaba y la volvió estanco real. Pasó con los cines. Pasó con los casinos. Pasó con el pinball. Y está pasando hoy con nosotros.
No es un adorno histórico. Es el argumento de fondo del gremio maquinero: lo que hoy se castiga como vicio, en México ya fue castigado antes con las mismas palabras y las mismas herramientas legales —y en todos los casos la prohibición terminó cediendo ante la regulación. Todas las fechas y documentos citados aquí están en la sección de fuentes.
Capítulo I · 1896 – 1929
El cinematógrafo llegó a México en 1896, ocho meses después de la primera función de los Lumière en París. En menos de veinte años ya era la diversión más popular del país y, por eso mismo, la más vigilada.
Los enviados de los hermanos Lumière, Fernando Bon Bernard y Gabriel Veyre, proyectan en el Castillo de Chapultepec para la familia de Porfirio Díaz y después para el público en la droguería Plateros, en la actual calle de Madero. Las funciones se encadenan de las 18 a las 22 horas, cada media hora. Pronto aparecen exhibidores ambulantes que recorren la provincia proyectando y filmando.
Se publica en la Ciudad de México el primer reglamento propiamente cinematográfico, para atender los problemas que traía la novedad: instalación de nuevas salas, seguridad pública, moralidad pública, censura, impuestos y reventa. Los cuatro temas que perseguirán a las diversiones populares durante décadas ya están todos ahí, desde el primer día.
Reglamento Moralidad ImpuestosAparece el primer reglamento de diversiones públicas, aplicable solo en la Ciudad de México. El jefe de la Comisión de Diversiones Públicas resume la preocupación oficial en dos palabras: moral e higiene. Había, decía, películas claramente inmorales, «ya por los asuntos que presentan, ya por las lecciones que proporcionan, como elogiar a quienes roban».
Se publica el primer reglamento cinematográfico para el Distrito Federal y territorios federales, donde se establecen restricciones expresas a la exhibición. Ya no se trata solo de dónde se instala una sala, sino de qué se puede y qué no se puede proyectar.
RestricciónLa Secretaría de Gobernación expide el Reglamento de Censura Cinematográfica, un cuerpo de dieciséis artículos que crea un Consejo de Censura encargado de examinar y revisar todas las películas y cintas destinadas a la exhibición pública. Por primera vez, una dependencia federal decide en México qué puede ver el público y qué no.
Es exactamente la misma dependencia que hoy decide sobre juegos y sorteos.
Censura previa GobernaciónDurante los años veinte, el cine es señalado en la Ciudad de México como una influencia malsana. Se le acusa, en este orden, de promover la delincuencia, de generar insalubridad y de fomentar la inmoralidad, y de contradecir la idea moderna de lo que debía ser la infancia. El debate público de la época gira en torno a si los niños y adolescentes deben siquiera entrar a una sala.
Léase otra vez esa lista de acusaciones —delincuencia, adicción, daño a los menores— y compárese con lo que hoy se dice de las máquinas de entretenimiento. Es, palabra por palabra, el mismo expediente.
«Corrompe a la juventud» «Escuela del crimen»La norma llega hasta el último detalle del negocio. En las salas de precios populares, «donde la aglomeración de personas suele ser excesiva», se obliga a instalar ventiladores eléctricos que debían funcionar diariamente durante el verano. El pequeño exhibidor de barrio queda sujeto a requisitos que solo el grande podía costear: una constante que el gremio maquinero reconocerá de inmediato.
La campaña de moralización del espectáculo no se queda en el papel: produce clausura de varias salas por exhibir contenidos considerados moralmente cuestionables, multas diversas y hasta el encarcelamiento de una actriz y de su promotor.
Ese fue el trato que recibió, en su momento, la industria que hoy México celebra como parte de su identidad nacional.
Clausuras Multas CárcelFrente a esa presión, los trabajadores del cinematógrafo hacen exactamente lo que haría el gremio maquinero noventa años después: organizarse. En 1921 se forma la Unión de Trabajadores Confederados del Cinematógrafo, semilla del sindicato nacional del ramo. En 1934 aparece la primera organización patronal de productores. En 1936, el sindicato de directores.
Y en octubre de 1939, el mismo Estado que había censurado y clausurado firma un decreto que obliga a los cines a exhibir al menos una película mexicana al mes. En menos de veinte años, el sospechoso se volvió política pública.
Se organizan ReconocimientoNinguna de las salas clausuradas en los años veinte volvió a abrir por lástima. Volvieron a abrir porque el ramo se organizó, negoció una regulación y demostró que era una industria. Lectura del gremio sobre el precedente cinematográfico
Capítulo II · 1915 – 1967
Mientras a los cines se les censuraba, en la frontera pasaba lo contrario: el juego pagaba las obras públicas. Hasta que dejó de convenir.
Bajo los gobiernos del coronel Esteban Cantú (1915–1920) y del general Abelardo L. Rodríguez (1923–1929) proliferaron en la frontera los negocios de juegos de azar, apuestas y licor. Cuando terminó la administración de Cantú se clausuraron los centros de diversión que había autorizado, pero no tardaron mucho en reconocer un detalle incómodo: los impuestos de casinos, bares y cantinas representaban el 51 por ciento de los ingresos del gobierno del Distrito.
En 1925, siendo gobernador, Abelardo L. Rodríguez renunció al subsidio federal porque los ingresos por impuestos de esos giros ya alcanzaban para todo.
51% del erarioLa ley seca estadounidense —que además prohibía los juegos de azar— empujó el negocio hacia el sur. En 1927 abre en Tijuana el casino de Agua Caliente, con hipódromo, galgódromo y centros de juego; uno de sus socios era el propio Abelardo L. Rodríguez, futuro presidente de la República.
Vale la pena subrayarlo: prohibir en un lado no elimina la actividad. La mueve. Es la lección que el gremio maquinero repite cada vez que se anuncia una nueva veda.
El 17 de junio se publica en el Diario Oficial el Reglamento de Juegos para el Distrito Federal y Territorios Federales. Cuatro artículos. Declaraba permitidos ajedrez, damas, dominó, boliche, bolos, billar, pelota, dados, póker, conquián, tute, brisca, malilla, tiro al blanco, carreras y peleas de gallos. Y, de paso, disolvía todos los permisos otorgados con anterioridad: todos los casinos y casas de apuesta quedaban cerrados hasta obtener uno nuevo.
Siete días después, el 24 de junio, el presidente modificó el artículo primero y sacó de la lista de juegos permitidos los dados, el póker y sus variedades, el conquián, el tute, la brisca, la malilla y el resto. Con eso, los casinos abiertos quedaron sin posibilidad alguna de seguir funcionando.
Se ordenó clausurar Agua Caliente en Tijuana, El Tecolote en la capital, el Foreign Club de Naucalpan y el Casino de la Selva en Cuernavaca. En 1938 se decretó formalmente la abolición de los casinos.
Permisos disueltos Clausura nacionalEl presidente Miguel Alemán expide, a través de la Secretaría de Gobernación, la Ley Federal de Juegos y Sorteos: la autorización, reglamentación, control y vigilancia de los juegos, apuestas, rifas y sorteos quedan en manos de esa dependencia. Su artículo 4º dejó a Gobernación la facultad de fijar los requisitos que debía cumplir cualquier inmueble dedicado al juego, lo que en la práctica permitió la reapertura de algunos minicasinos.
Esa ley —redactada cuando en México no había televisión, ni computadoras, ni nada parecido a una máquina electrónica de entretenimiento— sigue vigente hoy. Es la norma con la que se juzga al gremio maquinero en 2025.
Vigente desde 1947Se entrega el primer permiso para juegos con apuestas del país, a Espectáculos Deportivos Frontón México. Pero el otorgamiento de licencias no se volvió norma sino hasta finales del siglo XX. En 1967 se otorgó un permiso para operar un casino en Acapulco que nunca se concretó por la presión de la opinión pública; el siguiente intento serio de legalización fue hasta 1994, y también fue frenado.
Entre 1938 y el año 2000, México vivió más de sesenta años de ambigüedad legal en materia de juego. No de ausencia de juego: de ambigüedad. El juego siguió ahí.
Capítulo III · 1942 – 1976
El precedente internacional más parecido a lo que hoy vive el gremio maquinero mexicano no está en un tribunal: está en las fotos de un alcalde rompiendo máquinas con un mazo.
El alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, prohíbe formalmente el pinball en la ciudad y ordena a la policía realizar redadas al estilo de la ley seca. Los escuadrones entraron a dulcerías, boliches, bares y centros de diversión y confiscaron dos mil máquinas, aproximadamente la quinta parte de todas las que existían en la ciudad. Se arrestó a sus dueños.
Después vinieron las conferencias de prensa: las autoridades se dejaron fotografiar destrozando las máquinas con mazos. Los restos se cargaron en barcazas de basura y se arrojaron al Long Island Sound. De las máquinas confiscadas se donaron tres mil libras de acero para el esfuerzo de guerra.
Las razones oficiales eran tres, y son textualmente las mismas que se usan hoy contra las máquinas de entretenimiento en México: que el pinball era «un mal y una amenaza» que corrompía a la juventud fomentando el impulso de apostar; que empujaba a los muchachos a robar monedas para jugar; y que estaba ligado al crimen organizado.
La prohibición duró treinta y cuatro años. Terminó en 1976, cuando un escritor y jugador llamado Roger Sharpe fue llevado ante el consejo de la ciudad para demostrar, en vivo, que el pinball no era un juego de azar sino de habilidad. Anunció a qué carril iba a meter la bola y la metió. El consejo levantó la prohibición.
Toda la discusión legal que hoy sostiene el gremio maquinero mexicano —azar contra habilidad y destreza— ya se resolvió una vez en otro país, y se resolvió a favor de quienes vivían del oficio.
Treinta y cuatro años de prohibición no acabaron con el pinball. Solo destruyeron patrimonio, criminalizaron a comerciantes y retrasaron una industria que hoy es nostalgia de colección. La prohibición no ganó: solo tardó.
Capítulo IV · 1980 – 2009
El gremio no cayó del cielo en 2014. Se fue formando durante treinta años, a pulso, en talleres de barrio y viajes a la frontera.
Las maquinitas de videojuego llegan a México en los años ochenta. Los primeros operadores viajaban personalmente a Estados Unidos a comprar equipos para revenderlos en ciudades como Tijuana y Guadalajara. Era un oficio de intuición y de camioneta: sin manuales, sin proveedores nacionales y sin ninguna clase de regulación específica.
En los noventa surgen los talleres de reparación, con componentes traídos de Taiwán y Estados Unidos. Aparece una generación de técnicos mexicanos que aprendió electrónica a fuerza de abrir tableros. Ese conocimiento —que nadie enseñó en una escuela— es parte del patrimonio del gremio.
La crisis de 1994–1995 dejó a millones sin empleo, y para muchas familias el entretenimiento de monedas fue la tabla de salvación. Un operador lo cuenta así en la investigación académica del sector: «Mis hermanos se habían quedado sin trabajo… yo ya tenía dos locales de maquinitas». Con eso pudo mantener a la familia y meter a sus hijos a escuelas privadas.
Otro entrevistado, operador en una central de abastos, relata que con su local «construyó su casa», y que fue agregando rocola, billar, futbolito y cantina. Un tercero heredó el negocio de su padre, que empezó en los ochenta, y hoy su familia es de los principales distribuidores del Estado de México y Michoacán.
Movilidad social realEn la primera década del siglo se multiplican los locales de entretenimiento en colonias populares, mercados y centrales de abasto: quince o veinte metros cuadrados, diez o quince equipos, atendidos por la propia familia. La academia los ha llamado «casinos de barrio» y los ha estudiado como un caso de globalización desde abajo: una cadena que va de una fábrica en Taiwán a una esquina de Iztapalapa, construida enteramente por gente común, sin un solo peso de inversión extranjera ni un solo apoyo público.
Se expide el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el instrumento con el que Gobernación administra desde entonces los permisos. Es una pieza clave: casi todo lo que después se discutirá —qué es una máquina, quién puede operarla, qué se prohíbe— no se resuelve en la ley del Congreso, sino en un reglamento del Ejecutivo que puede cambiar sin pasar por las cámaras.
ReglamentoSe presenta en la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para expedir una Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. No es la primera —hubo intentos en 1999, 2003 y 2004— ni será la última. Ninguna de ellas prosperó.
Ese vacío legislativo es el terreno sobre el que, cinco años después, se levantará todo el conflicto con el gremio maquinero.
Para 2010, México tenía un sector económico completo —importadores, distribuidores, ruteros, operadores, técnicos, comerciantes— construido en tres décadas por familias trabajadoras, funcionando a la vista de todos, y regido por una ley de 1947 que no lo contemplaba y por un reglamento que podía cambiarse de un día para otro. Lo que vino después estaba escrito.