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No es una ocurrencia mexicana ni un capricho nuestro. La regulación de las máquinas de entretenimiento es un tema mundial, y varios países de América Latina ya vivieron esta misma crisis y la superaron. Aquí está lo que hicieron, lo que les funcionó y en qué punto estamos nosotros.
«La regulación sí es posible. Solo necesitamos unión, trabajo y compromiso.»
Ese es el motivo por el que existe UNAMA: conseguir la merecida y justa regulación de nuestra actividad económica. No pedimos una excepción. Pedimos lo que en otros países ya se resolvió, y que aquí lleva décadas atorado.
Frente a cada crisis de este tipo hay dos caminos posibles. Uno lleva al registro, al padrón, al pago de impuestos y a reglas que se pueden cumplir. El otro lleva al decomiso, a la destrucción y a empujar la actividad a la clandestinidad. Las páginas que siguen muestran los dos, con lo que pasó en cada caso.
El camino de la regulación
Es el caso más parecido al nuestro y el que más nos sirve de mapa. Empezó igual: con una prohibición anunciada desde el gobierno y con operadores dispersos que decidieron unirse.
Los operadores chilenos logran llevar al Ejecutivo un proyecto de ley para regular la industria de las máquinas de entretenimiento. Es el primer paso formal de un camino que tardaría diez años en dar resultados.
Representantes de todo el país definen las bases de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Entretención. La promueve FIDEN A.G., que agrupa a dueños de locales y operadores. Su consigna: «Defendemos el derecho a la entretención».
La agrupación llama a la tranquilidad apoyándose en «la verdad de constituir una industria que da sustento y empleo directo a más de 220 mil familias chilenas», y sostiene que el fenómeno social y económico que se genera en torno a las más de 700 mil máquinas populares que hay en Chile «no puede ser prohibido en beneficio de unos pocos, sino regulado, con sentido de bien común».
A la fecha Chile cuenta con dos regulaciones, y el 90 % de los dueños de máquinas paga impuestos, cumple con reglamentos y participa activamente en programas sociales. Además se constituyó una mesa coordinadora nacional para el proyecto Proregulación, firmada por 18 senadores.
Lo que dijo su dirigencia
«En esta nueva etapa de movilización no cesaremos los esfuerzos para convencer a la autoridad que la prohibición de estas máquinas refleja un total desconocimiento de la realidad social y que sólo conducirá a emplazar esta actividad en la clandestinidad.» Carlos Clavijo, presidente de la agrupación chilena
Qué contemplaba el proyecto
El camino de la regulación
Uruguay tenía cerca de 18 mil máquinas sin regular. En vez de destruirlas, las puso en un padrón y les cobró.
Instalar un máximo de tres máquinas en restaurantes, bares y establecimientos donde se expenda alcohol. Cada dueño paga una cuota fija mensual por cada máquina que instale, del orden de 1,306 dólares.
Las máquinas no reguladas se precintan. Los locales que las ofrezcan enfrentan multas altas, cierre e incluso penas de cárcel. La ley separa con claridad quién está dentro y quién está fuera.
Participar de un negocio que movía cerca de 170 millones de dólares anuales y del que antes no recibía nada. El gobierno confía además en reducir el número de máquinas y, junto con una política de prevención, disminuir los problemas asociados al juego.
Es la prueba de que la clandestinidad se resuelve regulando, no prohibiendo. Parte de las máquinas pasan a ser legales y pagan impuestos; el resto se precinta. Un problema que parecía sin salida encontró una.
El otro camino
No todos los países eligieron regular. Estos dos casos muestran a qué se parece la otra ruta, y por qué la conocemos tan bien en México.
Colombia
Colombia tiene más de 300 operadores legales de juegos de suerte y azar, cerca de 2,500 establecimientos autorizados y un parque de 66,500 elementos de juego registrados. Existir en ese padrón es lo que separa lo legal de lo ilegal.
El 20 de marzo de 2013, el regulador retiró 20 máquinas de un establecimiento cuyo contrato había vencido, y la semana anterior 42 de otros dos locales. Su argumento: quien deja de operar con autorización «entra inmediatamente en una situación irregular» y deja de aportar recursos destinados a la salud pública.
La lección: ahí existe una ventanilla donde estar en regla. Aquí no.
Bolivia
Más de 300 máquinas funcionaban sin regulación en tiendas de barrio, mercados y negocios. La autoridad anunció acciones para decomisarlas y destruirlas, con multas por máquina a sus propietarios, y sostuvo que son «una distracción peligrosa para niños y jóvenes».
De unos quince salones conocidos, solo dos tenían licencia y el 85 % operaba sin ella — no porque no quisieran, sino porque el trámite prácticamente no existía.
La lección: destruir el equipo no crea un padrón, no genera impuestos y no protege a nadie. Solo desaparece el trabajo.
México
La lucha empezó en 2010. El 14 de agosto de 2013 se constituyó la mesa coordinadora nacional, con la misión de coordinar las comisiones de trabajo para lograr una regulación transparente que ponga fin a la inseguridad y a la incertidumbre que genera la persecución constante.
Lo que hace falta
Unión. Trabajo. Compromiso.
No es una lista larga ni complicada. Chile tardó diez años y lo consiguió con eso mismo: gente que dejó de estar dispersa, que trabajó el expediente y que sostuvo la posición hasta que la autoridad se sentó a escuchar.
El peritaje
El señalamiento de que esta actividad genera ludopatía se ha repetido durante años sin un solo estudio detrás. Estos son los objetivos del trabajo que UNAMA impulsa para responderlo con evidencia y no con opiniones.
Una investigación clínica de campo con una muestra representativa de 1,000 personas, levantada en los lugares con mayor número de máquinas —que, con base en estadísticas del INEGI y de la Secretaría de Gobernación, se considera igual al mayor número de jugadores—. El trabajo contempla la validación y la significancia estadística que un estudio de este tipo requiere.
La cuenta que nadie hace
Este es el diagnóstico más incómodo, y es nuestro. Mientras no exista una ventanilla donde regularizarse, el Estado no recibe absolutamente nada de una actividad que existe, que opera y que sostiene a miles de familias.
Cada una de esas cuatro cosas se resuelve con lo mismo: un padrón, un régimen fiscal y reglas que se puedan cumplir. Ninguna se resuelve con un decomiso.
La AIEJA, formada por permisionarias de casinos, presiona para que la nueva Ley de Juegos y Sorteos se suba y se vote en el periodo legislativo ordinario de septiembre a diciembre.
Su argumento es la clandestinidad en la que opera nuestra actividad. Pero esa clandestinidad no la elegimos: es el resultado de que no exista ninguna ruta legal para salir de ella. Legislar sobre nosotros sin nosotros no resuelve el problema: lo traslada.
Lo que sigue
Chile empezó con un proyecto de ley en 2003 y hoy tiene dos regulaciones y nueve de cada diez operadores pagando impuestos. Uruguay tenía 18 mil máquinas fuera de la ley y las metió a un padrón. Nada de eso pasó solo: pasó porque la gente dejó de estar dispersa.
