Los primeros operativos contra maquinitas cerca de escuelas

Autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y de la Procuraduría capitalina realizan operativos conjuntos para retirar máquinas ubicadas en las inmediaciones de planteles escolares, en delegaciones como Iztacalco. Es el primer antecedente sistemático del hostigamiento que se generalizaría tres años después.

El gremio, entonces sin organización nacional, no tenía cómo responder: cada comerciante enfrentaba solo la verificación, la clausura y la pérdida del equipo.

El Congreso pide cerrarle la llave a la importación

Se presenta en el Congreso un punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Hacienda con el fin de detectar la importación de máquinas —completas o por partes—. La estrategia oficial contra el sector empieza a diseñarse en el terreno legislativo, años antes de que llegara a las calles.

Casino Royale: la tragedia que cambió el discurso

El ataque incendiario contra el Casino Royale de Monterrey deja 52 personas muertas. Fue un atentado del crimen organizado contra un establecimiento que —según las investigaciones— se negó a pagar cuotas de extorsión, agravado por salidas de emergencia cerradas y por permisos irregulares que nadie verificó.

A partir de ese día, cualquier conversación pública sobre juego en México quedó marcada por esa tragedia. El gremio maquinero, que no tenía absolutamente nada que ver con aquel casino ni con aquel crimen, terminó cargando con la sospecha.

La reforma al Reglamento y el pleito entre poderes

El Ejecutivo federal reforma el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. La Cámara de Diputados considera que el Presidente invadió facultades del Congreso y promueve la controversia constitucional 114/2013 ante la Suprema Corte, impugnando la atribución exclusiva que ese reglamento otorgaba a Gobernación para expedir permisos y vigilar los juegos.

Es una disputa entre poderes, pero el gremio maquinero es el que la va a pagar: de esa controversia saldrá, tres años después, la definición judicial de qué es legalmente una máquina.

Se instala la Comisión Especial de Juegos y Sorteos

La Cámara de Diputados instala una comisión especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos en la materia. La preside el diputado Fernando Zárate Salgado, y con ella Gobernación empieza a discutir la construcción de una nueva ley.

Será el primer órgano legislativo con el que el gremio se siente formalmente, seis meses más tarde. Ver todas las mesas.

Arranca oficialmente la ola nacional de decomisos

La Secretaría de Gobernación anuncia el inicio del decomiso de máquinas, con la participación de la Policía Federal, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y fuerzas estatales. En el primer día se aseguran 130 equipos en el Estado de México —62 en Cuautitlán Izcalli con cuatro establecimientos clausurados, 32 en Tecámac y 36 en Villa Victoria—.

El argumento oficial quedó fijado en una sola frase que se repetiría durante una década: que las máquinas «representan una fuente de corrupción de menores y su uso una adicción que abre la puerta a la delincuencia». Gobernación calculaba 20 mil equipos solo en el Estado de México.

Nace UNAMA: de la Alameda al Congreso de la Unión

Entre cinco y siete mil maquineros marchan de la Alameda Central al Congreso de la Unión exigiendo la regularización de su actividad y el alto a las redadas. Es la movilización más grande en la historia del sector, y de ella nace la Unión Nacional de Maquineros.

Las consignas de ese día se volvieron la identidad del gremio: «No somos vicio, somos un oficio», «No prohibición, sí regulación» y «Juegos y Sorteos, no quiten los empleos».

Una comisión de maquineros fue recibida con aplausos en la Cámara de Diputados y se reunió con el diputado federal Fernando Zárate, entonces presidente de la Comisión de Juegos y Sorteos, quien les dio plazo hasta el 4 de octubre para presentar sus propuestas sobre la nueva ley. El sector planteó algo que nunca ha dejado de plantear: que regularizar su actividad pasa por reconocerla como trabajo legítimo mediante el pago de impuestos sobre sus ganancias.

Ocho mil máquinas y una línea de denuncia anónima

Para octubre de 2014 se habían decomisado ocho mil máquinas en el país y se había abierto un canal de denuncia anónima a través del teléfono 088. Con penas previstas de tres meses a tres años de prisión y multa, muchos operadores terminaron en la cárcel y muchas familias quedaron sin sustento de un día para otro.

Diputados aprueban una nueva ley… que el Senado nunca dictaminó

El pleno de la Cámara de Diputados aprueba la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos con 297 votos a favor de 347 diputados presentes. Establecía requisitos y límites para operar, y disponía que las máquinas solo pudieran instalarse en establecimientos con permiso, con acceso restringido a mayores de 21 años.

La minuta pasó al Senado de la República y ahí se quedó: nunca fue dictaminada. Es el momento en que México estuvo más cerca de tener una ley moderna de juegos, y se perdió en una comisión.

El gremio pide formalmente a Gobernación un plan de regularización

Los dueños de máquinas solicitan públicamente a la Secretaría de Gobernación que adopte un plan de regularización para los equipos que la autoridad considera ilegales. No fue una protesta: fue una petición formal, por escrito, ofreciendo entrar al orden.

Del Ángel de la Independencia a Bucareli

Alrededor de mil maquineros, según la propia policía capitalina, marchan del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir que se regulen los permisos y que se suspendan los operativos de decomiso. También exigieron algo elemental: que la autoridad presentara los documentos que amparaban la movilización policiaca en su contra.

Las mantas de ese día decían «Somos maquineros, no casineros», «Operar con responsabilidad para la recreación y el esparcimiento» y «No a la prohibición, sí a la regularización». Gobernación recibió al gremio con vallas metálicas y resguardo de la Policía Federal.

La Suprema Corte reconoce que las máquinas caben en la ley

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la controversia constitucional 114/2013 y por unanimidad valida el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El razonamiento fue decisivo: los ministros consideraron que las máquinas no constituyen un juego de azar, sino un sorteo «de números y símbolos», y que por tanto caben dentro de los sorteos que la ley de 1947 sí permite.

La Corte determinó que el Ejecutivo no excedió lo previsto en la ley. La sentencia se publicó en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2016. Es la primera vez que el máximo tribunal del país dice, con todas sus letras, que estos equipos no son ilegales por naturaleza.

El alcance quedó acotado a los establecimientos con permiso de Gobernación —el los establecimientos del entretenimiento popular quedaron fuera del beneficio directo—, pero el criterio de fondo abrió la puerta de toda la discusión posterior.

Vuelve la vía legislativa

Se presenta en el Congreso una iniciativa para adicionar los artículos 18 a 20 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El gremio sostiene durante todo el año un trabajo de gestión y cabildeo con legisladores de distintas bancadas, insistiendo en el mismo punto: sin una ley nueva, la actividad se queda a merced de un reglamento que cambia con cada sexenio.

Tres paradas en un día: Senado, Gobernación y PGR

UNAMA se moviliza y entrega documentos en el Senado de la República, en la Secretaría de Gobernación y termina frente a la Procuraduría General de la República. Encabezan la movilización Araceli Gutiérrez Caballero, presidenta de la Unión Nacional de Maquineros, y Sebastián Ricardo Márquez Alcántara, vicepresidente y apoderado legal nacional.

Las peticiones fueron tres: permitir la operación de los equipos, regular legalmente los establecimientos y —de manera muy destacada— que cesen las extorsiones por parte de agentes de seguridad pública contra el gremio. Las consignas de la jornada: «No extorsión, sí regulación» y «PGR, el gremio no te quiere».

Tras entregar el pliego, la dirigencia informó que se les había prometido respuesta «en un par de semanas».

Dos máquinas aseguradas al día solo en Guadalajara

Un recuento periodístico documenta que entre 2013 y junio de 2019 los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara aseguraron 2,437 máquinas y alrededor de 147 mil pesos. Solo Zapopan sumaba 1,730 equipos en siete años, con 397 entre 2018 y 2019; Guadalajara reportaba 234 decomisadas.

El dato revela el patrón: no hay un gran golpe espectacular, hay un goteo permanente que va desangrando al operador, municipio por municipio, sin que medie sentencia alguna.

Baja California convierte la posesión en delito estatal

Se publica en el Periódico Oficial de Baja California una reforma al artículo 261 del Código Penal del estado que añade la producción, uso, traslado y posesión de máquinas como conducta de corrupción de menores. Con esa figura empiezan los aseguramientos de equipos y también de inmuebles.

El gremio advierte lo que hoy es evidente: cuando cada estado legisla por su cuenta, un mismo trabajo es lícito de un lado de una línea imaginaria y delito grave del otro.

La Corte tumba la cárcel: la ley no dice qué está prohibido

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el caso de un hombre detenido en 2017 en Puebla, a quien se le encontraron 19 máquinas, y anula la sanción penal de tres meses a tres años de prisión y multa.

El fondo del argumento es demoledor y es exactamente lo que el gremio venía diciendo desde 2014: el artículo 12, fracción II de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y el artículo 12 de su Reglamento «no establecen con la precisión suficiente exigida por el principio de taxatividad, las actividades prohibidas». La ley es tan vaga que obliga a ir a buscar al reglamento qué es delito, lo que viola el principio de legalidad penal.

La resolución se aprobó por tres votos contra dos, a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara. Con ella, la actividad quedó en lo que los investigadores llaman un limbo legal: ya no se podía encarcelar a la gente con esa fracción, pero tampoco existía una vía clara para regularizarse.

Años de limbo, organización y territorio

Con la sanción penal anulada y sin ley nueva, el sector vive dos años de incertidumbre. El trabajo del gremio se vuelca hacia adentro: consolidar secciones estatales, sostener la interlocución con autoridades locales, ordenar la documentación del sector y mantener la presencia territorial en las colonias donde opera.

Es el periodo menos vistoso del movimiento y probablemente el más importante: es cuando UNAMA deja de ser una convocatoria de marcha y se vuelve una estructura.

Gobernación anuncia el proyecto de prohibición

La Secretaría de Gobernación presenta el proyecto para prohibir las máquinas. En su exposición pública, la dependencia estimó que el sector generaba alrededor de 600 millones de pesos semanales en el país.

El gremio hizo notar entonces lo obvio: una actividad de ese tamaño no se desaparece con un decreto; se le empuja a la clandestinidad, que es justo donde nadie la vigila y donde sí puede meterse quien no debe.

El decreto que cierra la puerta

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Entró en vigor al día siguiente. Sus efectos:

Prohíbe la explotación de máquinas Nuevos permisos: ya no se otorgan para máquinas Permisos vigentes: máximo 15 años improrrogables Vigencia general de permisos: de 25 a 15 años

Para el gremio maquinero, el decreto no resolvió nada de fondo: no creó un procedimiento de regularización para el operador del entretenimiento popular, no distinguió entre el comercio familiar y el crimen organizado, y dejó al sector exactamente donde estaba, pero con menos horizonte.

Aseguramientos federales al alza

Con el decreto vigente, los aseguramientos federales se intensifican. A lo largo de 2024 se incautaron 309 máquinas en operaciones reportadas por la Secretaría de Marina, en entidades como Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Sonora, Veracruz, Baja California Sur y Colima.

Un salto del 427 % en los decomisos

En 2025 la cifra de máquinas aseguradas asciende a 1,629, un incremento del 427 % respecto del año anterior. La Secretaría de Gobernación reitera públicamente que «ninguna persona física o moral puede instalar, explotar, operar o realizar sorteos mediante el uso de máquinas tragamonedas» y advierte con aseguramientos, multas y sanciones administrativas o penales.

El sector cierra el año como lo empezó: sin ley nueva, sin padrón, sin ventanilla donde regularizarse, y con la presión operativa más alta de la que se tenga registro.

Once años de pie

Entre 2014 y 2025 el gremio maquinero pasó de no existir como interlocutor a marchar por Paseo de la Reforma con miles de personas, a ser recibido con aplausos en la Cámara de Diputados, a entregar pliegos en el Senado y en Bucareli, a sostener secciones estatales por todo el país, y a que la Suprema Corte le diera la razón en dos puntos de fondo: que estos equipos no son por naturaleza un juego de azar, y que la ley con la que se le criminalizaba era demasiado vaga para meter a nadie a la cárcel.

Nada de eso resolvió el problema. Pero todo eso lo hizo un gremio que en 2010 no tenía siquiera un nombre con el cual presentarse.